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La evitación de una sanción administrativa por el paso del tiempo I. La prescripción de la infracción.

Al igual que ocurre con una infracción penal, las infracciones administrativas están sujetas a un plazo de prescripción mediante el cual si, transcurrido determinado tiempo sin que se ejercite por parte de la Administración pública la acción sancionadora, la infracción prescribiría, no pudiendo sancionar a aquellos sujetos responsables. Es evidente que con esta figura se salvaguarda el principio de seguridad jurídica previsto en nuestra Carta Magna en su art. 9.3.

Dispone el art. 30 de la Ley 40/2015, que las infracciones prescribirán conforme a lo dispuesto en las normas que las regulen. No obstante, el propio precepto establece una regulación que habrá de regir en los casos de que no exista norma especial y que comporta la prescripción de las infracciones según se clasifiquen en muy graves, graves y leves, a los tres, dos años y seis meses respectivamente. 

La aplicación de esta regla supletoria no deja de ofrecer problemas cuando la norma especial que regula las infracciones no contienen normativa sobre la prescripción, pero en la tipología de las infracciones no sólo recoge las mencionadas clases de muy graves, graves y leves; sino que, como es frecuente, se incorpore una categoría intermedia de infracciones menos graves, que no tiene señalado plazo especial en la regla general del precepto. En tales supuestos y ante el vacío normativo, deberá aplicarse la norma más favorable al infractor y considerar que las infracciones menos grave sin plazo especial de prescripción, quedan asimiladas a las leves y aplicar el plazo de los seis meses.

En cuanto al cómputo del tiempo de prescripción, se inicia desde la consumación de la infracción o, como se dispone en el precepto citado, desde que se hubiera cometido. En los supuestos de infracciones continuadas, ese inicio se ha de situar en el momento en que cesa la última de las acciones que constituyen la infracción de carácter continuado. De otro lado, el plazo de prescripción se interrumpe por la incoación del procedimiento y correctamente notificación formal al interesado, volviendo a correr el plazo de prescripción de que se trate cuando el procedimiento se paralice durante más de un mes por causa que no sea imputable al interesado, debiendo iniciarse el cómputo del plazo de prescripción una vez que transcurra dicho mes de paralización.

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